AUCE en el debate parlamentario sobre lenguaje claro
El 17 de agosto, la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (AUCE) asistió a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado en la que se analizó el proyecto de ley que impulsa el uso del lenguaje claro en los organismos públicos, con el fin de expresar su opinión sobre la iniciativa. En representación de la asociación estuvieron Felipe Correa (presidente), Daniel Somma (secretario y miembro de la Comisión de Lenguaje Claro) y Natalia Faral (integrante de la Comisión de Lenguaje Claro).
Para AUCE es necesario tener un marco jurídico que promueva el uso del lenguaje claro a fin de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la información pública, conocer sus derechos y obligaciones, realizar trámites con mayor facilidad y comprender las normas que la afectan. La información no solo debe estar disponible, sino que debe ser comprensible para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.
AUCE trabaja desde hace varios años en la promoción del lenguaje claro. En 2018 integrantes de la asociación participaron de la iniciativa La Ley en tu Lenguaje del Centro de Información Oficial (IMPO), cuyo objetivo es acercar la normativa nacional a la ciudadanía mediante su adaptación a un lenguaje llano y simple. En 2021 correctoras socias de AUCE y funcionarias de BPS presentaron el proyecto denominado Derecho a Entender con el fin de simplificar trámites y adecuar a lenguaje claro textos administrativos. A nivel institucional, AUCE conformó la Comisión de Lenguaje Claro en 2023 e integra la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro y la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Real Academia Española.
Contenido del proyecto de ley
En el proyecto de ley se define el lenguaje claro como un estilo de escritura orientado a transmitir información de forma clara, sencilla, efectiva y sin opacidad, que se caracteriza por diseñar los mensajes de modo que favorezcan la comprensión por parte de las personas.
Se establece también que todos los organismos públicos, estatales y no estatales, deberán expresar en lenguaje claro sus trámites, servicios y comunicaciones, en especial los dirigidos a poblaciones vulnerables, así como capacitar a los funcionarios públicos en lenguaje claro y corrección de estilo. A la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) se le asignan los cometidos de generar conciencia sobre la temática, capacitar a los referentes de los organismos públicos y elaborar y difundir guías, entre otros.
Por último, se propone la creación del Consejo Asesor sobre Lenguaje Claro, integrado por representantes de la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura, IMPO, la Oficina Nacional del Servicio Civil y Agesic. Algunas de sus tareas serán elaborar propuestas y recomendaciones, generar un espacio interdisciplinario de formación e intercambio para el análisis de los problemas vinculados con la dificultad de comprensión del lenguaje utilizado por los organismos estatales y colaborar con instituciones nacionales y extranjeras para el intercambio de experiencias.
La posición de AUCE
En su exposición, AUCE manifestó su acuerdo con el espíritu general del proyecto de ley y planteó algunas sugerencias. Entre ellas, se destacan las siguientes:
Incorporar de forma explícita la validación con las personas usuarias en las instancias de evaluación y seguimiento a cargo de la Agesic.
Diferenciar claramente en el proyecto el lenguaje claro de otras estrategias, como la de accesibilidad y la de lectura fácil, que responden a otras necesidades.
Elaborar y adoptar guías de lenguaje claro específicas en cada organismo, que atiendan las particularidades de su servicio, como parte de los lineamientos generales que determine la Administración.
Corrección de estilo: una disciplina con formación propia
AUCE también defendió la especialización de correctores y correctoras de estilo y despejó algunas dudas sobre sus competencias y tareas específicas. Asimismo, subsanó preocupaciones, aclarando que no modifica un texto sin la autorización de quien lo haya escrito y que, si estos proyectos se concretan, es esperable la generación de especialidades en corrección administrativa y jurídica.
Explicó que la corrección de estilo busca que un texto conserve su esencia y cumpla el propósito para el que fue escrito, adecuándose al público destinatario, a la intención autoral, a la situación comunicacional y a la norma académica.
Frente a la obligación de capacitar al funcionariado, prevista en el proyecto de ley, AUCE subrayó que la corrección de estilo constituye una tarea especializada que requiere formación universitaria específica e implica sus propios protocolos profesionales. Por ello, planteó la necesidad de que profesionales titulados en corrección integren los equipos de trabajo en lenguaje claro desde el inicio del proceso, a fin de garantizar la calidad de los textos.
AUCE valora estos espacios de reflexión y debate sobre la incidencia del lenguaje en las prácticas ciudadanas. Comunicar desde el Estado aplicando estrategias de lenguaje claro es una forma de democratizar el acceso a la información pública.
Consulte la versión taquigráfica de la sesión parlamentaria y el Proyecto de Ley sobre Lenguaje Claro.